Ciudad de México.- La Cámara de Diputados y ONU Mujeres se unen en contra de la violencia de género y hacen un llamado para garantizar el derecho a una vida libre, segura e igualitaria para todas las niñas, jóvenes y mujeres en el país.
Quedarse en casa ha sido la forma más segura de evitar el COVID-19; sin embargo, ha representado un peligro para niñas, jóvenes y mujeres, por lo que si tú o alguien que conoces vive alguna situación de peligro, es necesario denunciar al 911.
Ambas instituciones manifestaron que es momento de “sumarnos para construir unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género”.
La campaña, en la que ambas instituciones se unen contra las violencias hacia las mujeres, surgió a iniciativa del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, integrado por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidentas de diversas comisiones y diputadas de todos los grupos parlamentarios representados en San Lázaro.
Este grupo de legisladoras ha trabajado en favor de los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres; durante la emergencia sanitaria, con ayuda de herramientas tecnológicas, se ha reunido con diferentes actores políticos y sociales, con el propósito de impulsar la agenda de igualdad de género.
Datos citados por ONU Mujeres señalan que en México 28 por ciento de los hogares tienen una jefatura femenina y, por otra parte, seis de cada 10 mujeres se desempeñan en el sector informal, lo que vulnera sus garantías de protección y seguridad social, que además se agravan en una crisis como la actual.
Las mujeres desempeñan labores de trabajo de cuidados y doméstico no remunerado. En promedio dedican el triple de horas a la semana que los hombres (39 horas frente a 13 horas que dedican los hombres). En el contexto de la pandemia, el cierre temporal de escuelas y de guarderías, así como el aumento en la demanda de cuidados a personas enfermas ha generado una carga adicional en las mujeres que limita aún más su autonomía económica, aun cuando estas actividades deben repartirse de forma igualitaria entre hombres y mujeres.
El organismo internacional recomienda que desde todos los poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se refuercen las medidas de protección social y de corresponsabilidad en los cuidados y que los programas sociales contengan acciones afirmativas para beneficiar a las mujeres que están en situación de especial vulnerabilidad.
